Piden bolsa de 2,500 millones de pesos para la próxima fase de la reforma laboral

El Gobierno Federal y el Poder Judicial solicitaron un aumento de 44% en el presupuesto para la operación de las nuevas autoridades de conciliación y la implementación de la reforma laboral en el 2021.

Piden bolsa de 2,500 millones de pesos para la próxima fase de la reforma laboral

El Ejecutivo Federal y el Poder Judicial destinarán 2,482 millones de pesos en el 2021 para la implementación de la segunda fase de la reforma laboral en 13 estados del país y la operación de las nuevas autoridades laborales creadas este año, un aumento de 44% en comparación con lo asignado para este 2020.

A diferencia de este año, para el 2021 el presupuesto destinado para la reforma laboral deberá contemplar no sólo la creación de centros locales, tribunales laborales federales y locales, sino también la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales que se pondrán en marcha en noviembre próximo, por ello el incremento en los recursos.

Los casi 2,500 millones de pesos incluidos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF), entregado por la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados este martes, se distribuyen de la siguiente manera:

  • $337.5 millones para la operación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
  • $649 millones para el subsidio al que accederán las 13 entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia laboral.
  • $557.8 millones para la creación de 19 tribunales laborales federales.
  • $938.4 millones para la operación de los tribunales laborales federales creados en el 2020.

Para el presente ejercicio, el Congreso autorizó un presupuesto de 1,401.9 millones de pesos para la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, tribunales laborales federales y locales, centros de conciliación locales y para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después de realizar un incremento cercano a los 900 millones de pesos en comparación con la primera propuesta.

En el segundo semestre de este año comenzó la transición al nuevo modelo de justicia laboral con el nacimiento del CFCRL y la creación de las nuevas autoridades en materia del trabajo en ocho entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

“Para 2021 se llevará a cabo la implementación de la segunda etapa de la reforma al Sistema de Justicia Laboral en el ámbito federal, prevé la continuación de la operación del CFCRL en su sede central y en las ocho entidades federativas de la Primera Etapa, así como el inicio de operaciones del CFCRL en 13 nuevas entidades federativas”, se destaca en el proyecto recibido por los legisladores.

El siguiente año, las nuevas autoridades laborales verán su nacimiento en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz.

“La reforma laboral representa un elemento clave en la política económica del país, y fue un tema fundamental en las negociaciones del acuerdo comercial con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos de América, mismo que acaba de entrar en vigor”, puntualiza el Ejecutivo Federal.

Reforzarán defensa de trabajadores

Además del presupuesto destinado para la operación y creación de las nuevas autoridades laborales, el proyecto entregado por la Secretaría de Hacienda considera recursos para organismos que coadyuvarán en la implementación del nuevo modelo de justicia del mundo del trabajo.

Por una parte, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) se le asignarán 196.9 millones de pesos para sus servicios de asesoría, conciliación y representación legal en favor de los derechos de los trabajadores. Mientras que la Junta Federal de Conciliación y Registro Laboral recibirá 720.7 millones de pesos para continuar sus funciones de impartición de justicia, hasta que no se transfiera esta facultad a las nuevas autoridades en el 2022.

En tanto, en el proyecto se enfatiza la necesidad de que el Consejo de la Judicatura Federal fortalezca las capacidades del Instituto Federal de la Defensoría Pública para hacer frente al reto de la reforma laboral, ya que este organismo deberá también proveer servicios legales gratuitos a los trabajadores.

“La Defensoría Pública está enfrentando grandes retos derivados de las reformas recientes en materia laboral, migratoria y de extinción de dominio, debido a su participación fundamental en el mandato constitucional de que todas las personas gocen de un acceso real y efectivo a la justicia”, se advierte en el PPEF 2021.

Actualmente, el instituto cuenta con 1,100 defensores públicos y asesores jurídicos distribuidos en 138 localidades del país.

Fuente: Factor Capital Humano

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