Subcontratación ilegal se castigará con cárcel, reitera el procurador fiscal

La defraudación al fisco por este tipo de esquemas asciende a 21,000 millones de pesos al año. Ni los trabajadores ni las actividades principales de una empresa se subcontratan, se contratan directamente, dijo el funcionario.

Subcontratación ilegal se castigará con cárcel, reitera el procurador fiscal

El mensaje debe ser claro, dijo el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda: la simulación de la subcontratación “será sancionada con penas de prisión agravada”. La declaración del funcionario se dio en el marco del parlamento abierto convocado por la Cámara de Diputados, donde la mayoría de quienes participaron eran representantes empresariales.

Este martes se llevó a cabo el segundo y último día de trabajo de este mecanismo de participación ciudadana. Fue organizado para analizar la iniciativa de reforma para regular la subcontratación propuesta por la Presidencia de la República.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado “que las empresas tienen la oportunidad de regularizarse antes de que sean llevadas a proceso penal”, recordó Romero Aranda. La iniciativa, explicó, no combate “la auténtica y verdadera profesionalización de servicios especializados, ni el sano desarrollo del mercado”, sino la defraudación fiscal y la violación a los derechos de las personas trabajadoras.

El tema de esta tercera mesa fue sobre la propuesta de cambios fiscales de la iniciativa del gobierno federal, y a eso se abocó el procurador en su exposición. La modificación propuesta al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establecería como un acto de defraudación a la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados, indicó.

Las personas acusadas de cometer este delito “llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos”. Es “un mensaje claro a la población para inhibir estas prácticas”, dijo el funcionario,

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), “existen cerca de 6,000 empresas de subcontratación abusivas o ilegales”, citó el funcionario. Estos consorcios evaden impuestos por cerca de 21,000 millones de pesos al año.

Además, “se tienen detectadas al menos 1,200 empresas” con un posible esquema de simulación, en las que trabajan más de 862,000 personas que ven afectados sus derechos laborales.

Y vendrán los amparos

Éste es el tercer parlamento abierto sobre la regulación de la subcontratación que se realiza este año. El primero se llevó a cabo en febrero pasado en el Senado, luego de que se frenara la llegada al pleno de un dictamen aprobado en la Comisión del Trabajo y Previsión Social. El segundo se realizó en ese mismo mes en la Cámara de Diputados.

Hace menos de dos semanas la Cámara de Diputados recibió la propuesta de reforma del presidente López Obrador. En ese tiempo ya se ha realizado un tercer parlamento abierto al respecto y la Junta de Coordinación Política ya acordó que el dictamen será discutido en el pleno este jueves 26 de noviembre.

En comisiones unidas, la del Trabajo y la de Hacienda, dictaminarán la iniciativa; llevará la opinión de la de Seguridad Social.

Sin embargo, para la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade), de no modificarse la propuesta original del Ejecutivo, “nos va a llevar a discutirla en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Adelantémonos a ese paso”, señaló Luis Curiel Piña, coordinador del Comité de Derecho Fiscal de dicha agrupación.

Dijo que la STPS no puede autorizar la deducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como lo indica la iniciativa. Eso “es violatorio del derecho humano de legalidad tributaria”, establecido en el artículo 31 de la Constitución, advirtió. El abogado previó que se presenten amparos si no se cambia ese punto.

Otro punto que el sector patronal consideró anticonstitucional es el referente a la responsabilidad solidaria. “Nos parece excesivo”, indicó Ricardo Mendoza, de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). Va contra las garantías de la Carta Magna “obligar al contratante a hacerse cargo si el contratista no efectuó los pagos de IVA”, dijo.

Contra la subcontratación engañosa

Pero una de las mayores preocupaciones es la tipificación de conductas delictivas, como la que mencionó el procurador fiscal. Leonor Quiroz, del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) pidió que la defraudación fiscal “sea sólo para mecanismos dolosos y fraudulentos”. Y que el artículo 108 del Código Fiscal distinga y divida a los esquemas de simulación.

“De qué sirven las inversiones en desarrollo de tecnología” si la autoridad fiscalizadora no hace uso de ella, cuestionó Óscar Mata-Cortés, director del Comité Fiscal del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

La iniciativa del gobierno, afirmó Mata-Cortés, afectará más a los trabajadores, pues algunas empresas pueden incurrir en sustitución patronal o despidos.

Pero el procurador fiscal Carlos Romero enfatizó que las empresas fraudulentas también ponen “en desventaja a las legítimas que sí ofrecen servicios especializados”. Lo que el gobierno quiere combatir es la subcontratación basada en el engaño, aquélla que aparenta tener subcontratados a sus propios empleados para evadir el pago del IVA y acreditar el ISR de manera ilegal, explicó.

“El personal de una empresa no se subcontrata, se contrata directamente y se asume las consecuencias jurídicas que conlleve esa contratación”. Tampoco debe pasar eso con las actividades principales de una empresa, pues “ésa es la razón de ser de las personas morales”.

Crear una empresa “para aparentar en mero papel una relación de terciarización con el personal” es una actividad delictiva, apuntó.

Fuente: Factor Capital Humano

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