Mantienen congelados 20 proyectos para proteger a los trabajadores en la pandemia

Desde abril del 2020 se ha propuesto prohibir los despidos por la emergencia sanitaria, conservar los salarios íntegros o proporcionar un ingreso mínimo a quienes perdieron el empleo, pero ninguna reforma se ha concretado.

Mantienen congelados 20 proyectos para proteger a los trabajadores en la pandemia

El Congreso acumula más de 20 iniciativas de reforma para fortalecer los derechos laborales en épocas de emergencia sanitaria, pero ninguna ha sido aprobada. A partir de la pandemia de covid-19, en ambas Cámaras se ha propuesto definir al personal vulnerable que no debería acudir al centro de trabajo, prohibir despidos o garantizar salarios ante este tipo de contingencias.

Prácticamente todos los grupos parlamentarios han ingresado iniciativas, algunos sobre el mismo tema y sólo con algunas variantes. El problema, dice en entrevista la abogada Andrea Medina Rosas, es que están desligadas una de las otras. Lo que se requiere es una reforma integral, apunta.

“Tal parece que las propuestas las presentan sólo para rellenar, para decir que plantearon algo. Pero no tienen una visión a profundidad de los problemas que atraviesan las personas trabajadoras en una pandemia”, expresa.

Para Dafne Anaya, integrante del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral, lo primero que se debe garantizar a la hora de legislar es el trabajo. Lo siguiente, el pago del salario.

Sin embargo, el diputado de Morena, César Agustín Hernández Pérez, propuso modificar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que quienes decidan no acudir a su trabajo y resguardarse en casa, “puedan hacerlo sin goce de sueldo, sin que se pueda exceder de un mes”.

Ésta fue la primera iniciativa, la presentó el 7 de abril de 2019. Probablemente aún muchos legisladores no alcanzaban a dimensionar los daños que la pandemia le causaría a personas trabajadoras y empleadoras.

La segunda propuesta la hizo el senador Ricardo Monreal, de ese mismo partido, el 20 de abril. Su iniciativa plantea que, si las autoridades sanitarias indican la suspensión de labores por una emergencia sanitaria, las empresas deben pagar el salario íntegro al personal por un mes.

Trabajadores de gobierno quedaron fuera

Así como el tema de las pensiones no se puede separar del tema de subcontratación, señala Andrea Medina, las afectaciones laborales de una pandemia no se pueden analizar aparte. Muchas de las necesidades que tienen las personas en estos momentos se volvieron urgentes, pero en realidad ya estaban presentes, agrega.

Por ejemplo, “necesitamos repensar las garantías laborales para el personal de salud o en el ámbito de justicia. Son trabajos que tienen ciertos riesgos por las actividades que realizan y no se pueden suspender”. Sobre esto no hay propuestas legislativas. A no ser que se trate de inscribir en letras de oro agradecimientos a quienes laboran en los hospitales.

Previo a la pandemia, médicas y médicos residentes habían iniciado un movimiento en defensa de sus derechos laborales, como las jornadas de trabajo o las remuneraciones. Sin embargo, la ley no los considera personas trabajadoras. Una iniciativa en la Cámara de Diputados planteaba incluirlos en esa LFT, pero fue retirada.

En diciembre del 2020 el Congreso aprobó la regulación al teletrabajo. Un año antes, en noviembre del 2019 la Cámara de Diputados la recibió del Senado, donde se había aprobado desde junio, antes de la pandemia. No podríamos decir que la covid-19 aceleró la dictaminación de esta reforma. Pero sí la mejoró, pues se contaba con más experiencia de lo que implica trabajar desde casa.

Sin embargo, la reforma sólo contempla a personas que trabajan en el sector privado, es decir, bajo el apartado A del artículo 123 constitucional. Y deja fuera a quienes laboran en algún nivel de gobierno, que se contemplan en el apartado B de ese mismo ordenamiento.

Hace un tiempo esa separación resultó útil, dice Andrea Medina. Pero las grandes conquistas en el reconocimiento de derechos han ocurrido en el apartado A, como la definición del trabajo digno, dice. Quienes laboran en el apartado B se han ido quedado desprotegidas.

Enfoque de género, tema ausente

Las iniciativas en materia de emergencias sanitarias y sus implicaciones laborales carecen de enfoque de género, apunta la abogada. La urgencia de un sistema nacional de cuidados está totalmente vinculada con las garantías laborales que puedan tener las personas en una pandemia.

Especialmente las mujeres, en quienes la sociedad, las empresas y gobiernos sigue delegando este trabajo, comenta. “La gran mayoría de los enfermos no han estado hospitalizados, han sido cuidados en casa y por mujeres”. Sin escuelas o guarderías abiertas, muchas han dejado su trabajo o han sido despedidas.

Andrea Medina prevé que esta situación podría acarrear no sólo un aumento en la prostitución. La precarización laboral orillará a muchas a conseguir ingresos de esa manera, advierte.

Otra de las iniciativas que se han presentado a partir de la pandemia es la del llamado ingreso vital. Legisladores y legisladoras de casi todos los partidos, incluido el del gobierno, Morena, han propuesto que la gente que no puede trabajar por una emergencia sanitaria reciba 3,746 pesos mensuales por tres meses.

La propuesta de un seguro de desempleo se ha retomado en este contexto pandémico. “Quizá éste resultaría más viable, pues el presupuesto no alcanzaría para el ingreso vital”, opina la abogada laboral Dafne Anaya.

Es necesario “establecer que un fenómeno como una pandemia no sea una causa justificada”, pues los despidos han sido el mayor problema, afirma.

Una de las iniciativas al respecto es la del diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas, de Movimiento Ciudadano. El 28 de abril presentó un proyecto para reformar la LFT y “prohibir el despido o la coacción directa o indirectamente de un trabajador o trabajadora a causa de emergencia o declaratoria de contingencia”.

Fuente: Factor Capital Humano

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