Trabajadores Unidos de México

La crisis por la covid-19 podría poner en jaque los avances logrados para erradicar la participación de los menores de edad en el mercado laboral. Sin políticas públicas específicas, este problema seguirá aumentando, advierten.

Niñas, niños y adolescentes cuya principal angustia en la pandemia es quedarse sin empleo. Miedo a las redadas de las autoridades que acusan a su familia de llevarles a trabajar a los campos agrícolas del norte, cuando en realidad no tienen dónde dejarles a salvo.

Las organizaciones por los derechos de la infancia, desesperadas porque los gobiernos no abordan el trabajo infantil de raíz: la pobreza y discriminación estructural que viven niñas, niños y adolescentes y sus familias. Y el crimen organizado, como ave carroñera, a la caza de víctimas de trata para explotación sexual.

La Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) muestra un incremento entre 2017 y 2019 de 3.2 a 3.3 millones en el grupo de niñas, niños y adolescentes que laboran, esto antes de la crisis por la covid-19.

El 2021 es el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Año en el que la pandemia en México crecerá esa cifra de 3.3 a 5 millones de niñas y niños laborando, según una proyección de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“El avance de 10 años se está yendo por la borda”, lamenta Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim). “La pandemia y la falta de políticas públicas que protejan a la niñez y el empleo de las personas adultas o que les provea de un ingreso temporal” incrementará el trabajo infantil en 50%, dice.

Cinco millones trabajando, pero no necesariamente ganando dinero. En 2019, el 81% de las niñas y 70% de los niños que laboraban no recibían un pago o recibían apenas un salario mínimo, aunque obtener ingresos es el principal motivo para salir a laborar, según la ENTI. Lo que sucede es que hay quienes contribuyen a la economía familiar con su trabajo o son víctimas de abusos de empleadores.

Trabajan y no estudian; trabajan para estudiar

“La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha reportado que perdió contacto con el 15% de la población estudiantil, más de 4.5 millones de niños y niñas. Eso hace el correlativo de la población que realiza actividades económicas”, advierte Juan Martín Pérez.

El cierre de las escuelas para evitar la propagación del virus ha sido otro factor que ha jugado en contra. Una parte ha sido llevada a ocupar ese tiempo en trabajo. Otra, laboraba justamente para estudiar.

En 2019, casi el 20% trabajaba para pagar su escuela, alrededor de 660,000. Ahora, sus gastos se han incrementado, pues deben adquirir una computadora y contratar Internet para tomar clases en línea. Otras 562,000 niñas y niños que trabajaban no estudiaban.

A todo este cúmulo de problemas hay que sumar el “desmantelamiento” de las instituciones de protección de la niñez, apunta el director de Redim. Por ejemplo, del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), o de las procuradurías de defensa de la infancia.

“Somos un país fantástico en leyes, pero no en cumplimiento de ellas ni en gasto público para erradicar la pobreza”, afirma.

México y sus peores formas de trabajo infantil

A las leyes mexicanas que prohíben el trabajo infantil se suma el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Los tres Estados se comprometieron a abolirlo, aunque la dedicatoria va para nuestro país, el segundo en Latinoamérica con más niñas y niños laborando, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

A finales de 2020, el Departamento del Trabajo estadounidense incluyó por primera vez a México en la lista de las peores formas de trabajo infantil. Su fuerza se utiliza en los campos de tomate, pepinos, berenjenas, cebollas melones y tabaco. También en los de amapolas. En cafetales y cañales. En la confección de prendas y artículos de piel. Pero también en la pornografía.

Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ha gastado casi 28 millones de dólares para su erradicación en este país, según el informe Hallazgos de 2019 sobre las peores formas de trabajo infantil: México, elaborado por el Departamento del Trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) pudo levantar la ENIT con 2.4 millones de dólares de esos recursos. “Es vergonzoso que el gobierno mexicano había cancelado ese estudio y le ha quitado presupuesto a instancias de protección infantil”, señala en entrevista Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

El T-MEC y la publicación de esa lista le preocupan a las autoridades porque esos productos hechos con manos mexicanas, las de niñas, niños y adolescentes, no podrían exportarse a Estados Unidos ni a Canadá. Pero sin un verdadero plan integral, el acuerdo sólo está abonando a la criminalización de las familias, advierte Juan Martín Pérez.

¿Del DIF o del narco?

Sinaloa y Nayarit están incluidas en esa lista. Y para demostrarle a Estados Unidos que hacen algo para erradicar el trabajo infantil, las autoridades estatales interceptan las caravanas de familias jornaleras que viajan desde diferentes estados del país.

“Bajan de las camionetas a niñas y niños, que van con sus mamás y papás porque ambos trabajan y, sin un sistema de cuidados, no tienen otra opción que llevarles”, cuenta Margarita Nemecio, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas.

“Imagina el impacto que les causa un operativo de más de 10 personas en varios autos, con cubrebocas o a veces con pasamontañas”, narra la activista. Además de no comprender la situación, tampoco el idioma, pues su lengua materna no siempre es el español.

Suelen ser autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) estatal. Pero en ocasiones no portan gafetes o sus autos no tienen las siglas, dice. En áreas donde el crimen organizado no da tregua, el temor es que puedan ser narcotraficantes.

“Perseguir a las familias no es la solución, cuando el problema es la pobreza en la que viven”, apunta. A nivel nacional, el 23% de las familias con hijas e hijos menores de edad que trabajan tendría afectaciones importantes si lo dejaran de hacer, según la ENTI.

El trabajo agrícola es donde más se reporta trabajo infantil, pero no todas las niñas y los niños van a trabajar, muchas familias no tienen dónde dejarlos. Son pocos los albergues y mucho menos los que funcionan, dice. Tienen prohibido llevarlos al campo, pero no hay guarderías.

El año pasado murió un niño en un albergue de Isla del Bosque, Sinaloa, en un accidente, mientras sus papás trabajaban. Hace dos, murió una pequeña de un piquete de araña mientras esperaba a sus papás en un cuarto que rentaban en una comunidad de Nayarit.

Explotación sexual, el peligro latente

En mayo de 2020 la organización Melel Xojobal encuestó a niñas, niños y adolescentes en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. El 38% trabajaba, y de esa porción uno de cada 10 no asistía a la escuela. El 97% temía quedarse sin dinero y 92%, sin trabajo.

Preocupaciones de personas adultas en menores de edad que deberían tener garantizado su derecho al bienestar integral por el Estado, lamenta en entrevista Jennifer Haza, directora de Melel Xojobal.

“Su trabajo representa un ingreso en sus familias y una forma en que enfrentan la desatención del Estado. El dinero que ganan significaba la posibilidad de ir a la escuela. Ahora requieren más recursos para pagar el Internet o comprar dispositivos móviles para tomar las clases en línea”.

Oaxaca, Puebla y Chiapas son las entidades con mayor porcentaje de trabajo infantil, según la ENIT, con 21.5% para la primera y 18.3% para las dos siguientes. Baja California y la Ciudad de México, con 5.3 y 5.4%, respectivamente, fueron las más bajas.

La encuesta ¿Cómo viven las niñas, niños y adolescentes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas la pandemia del Coronavirus? se llevó a cabo el año pasado. Pero “la situación no ha cambiado mucho”, dice en entrevista Jennifer Haza.

“Los empleos de sus papás y mamás no se han reactivado”. San Cristóbal depende del turismo, del trabajo en hoteles, restaurantes, servicios a turistas o venta de artesanías. Lo que los orilla a buscar otras alternativas, “y esas se dan en condiciones de mayor precariedad”.

Los reportes oficiales de desapariciones de menores edad en Chiapas tuvieron un “considerable incremento”. Las niñas y las adolescentes representan el 80% de esas denuncias, agrega.

“Las cifras de trabajo infantil, a diferencia de las que se reportaban hace más de 15 años, son más graves”, porque suelen ser víctimas de explotación sexual del crimen organizado, dice Juan Martín Pérez.

La otra caravana

Al cierre de este texto otra caravana migrante intentaba avanzar. Esta provenía de Centroamérica con la primera gran meta de entrar a nuestro país y llegar a Estados Unidos. Uno de cada cuatro integrantes en ella menor de 18 años, según la organización Save the Children.

Muchas de esas niñas, niños y adolescentes buscarán un trabajo para subsistir, advierte Juan Martín Pérez. Entre todas las poblaciones que conforman el trabajo infantil, ésta es una de las más ocultas, agrega, “porque ellas y ellos tratan de no ser visibles para no ser deportados. Esto les lleva a condiciones de más peligro y en mayor riesgo de trata y esclavitud”.

Fuente: Factor Capital Humano