A la espera de acuerdos sobre PTU, diputados alistan reforma de outsourcing

La iniciativa original del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido modificada para fortalecer el aspecto de la razón social de las empresas. El registro federal de compañías de subcontratación se queda.

A la espera de acuerdos sobre PTU, diputados alistan reforma de outsourcing

Para concretar la reforma de subcontratación, la Cámara de Diputados espera los acuerdos entre el sector empresarial y el Ejecutivo federal sobre el pago de utilidades. Recién la semana pasada terminaron los foros organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acerca de este tema, que se convirtió en moneda de cambio para la reforma.

Según la diputada federal de Morena Anita Sánchez Castro, secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, el dictamen estará listo en los próximos días para ser votado en comisiones. A más tardar a inicios de marzo llegaría al pleno, prevé.

“Se retomará lo del pago de utilidades, pero ya hay acuerdos importantes”. El principal, señala, es “el respeto a la razón social de las empresas, algo que la primera versión tenía confundidas a muchas personas”, apunta en entrevista.

La iniciativa no es de carácter preferente, sino que se trabajará sobre la que recibieron el año pasado del Ejecutivo federal, precisó la presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la panista Patricia Terrazas. Habrá cambios a esa propuesta original, pero conserva su objetivo principal: “combatir las prácticas abusivas”, agrega Anita Sánchez.

En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a San Lázaro una iniciativa para regular nuevamente el outsourcing. El proyecto de reforma fue turnado a las comisiones unidas de Trabajo y de Hacienda y modifica las leyes del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del ISR y el IVA, así como el Código Fiscal.

Ante el descontento del sector empresarial, ambos órganos legislativos convocaron a un tercer parlamento abierto al respecto en noviembre pasado. A la par, representantes patronales se reunieron con el Ejecutivo federal. El primer acuerdo fue posponer la reforma y retomarla en este periodo de sesiones.

En tanto, no despedirían personal y abordarían un tema que no estaba contemplado en la reforma: el pago de utilidades. Durante el parlamento abierto el sector empresarial pidió que se redujera el número de días que se paga o, incluso, cambiarlo por bonos de productividad.

Respeto a la razón social

Podrá no ser iniciativa preferente, pero, según Anita Sánchez, es una de las prioridades de la agenda legislativa de Morena para este periodo ordinario. Y ese partido tiene la mayoría en ambas cámaras.

Además, la reforma “ya ha sido platicada con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y hay acuerdos. También estamos trabajando con la STPS, esta reforma sí va a pasar”, sostuvo.

“El cambio primordial es el respeto a la razón social de la empresa. Había muchas dudas al respecto, pero con las modificaciones a esa primera iniciativa se cumple el principio de protección a los empresarios”, expuso.

También quedará claro que los servicios especializados u obras de ejecución son las tareas que la empresa no realiza, por ello necesita de una externa que las lleve a cabo. Con la razón social y el objetivo de cada organización definidas, podrán contratar a una de outsourcing, la cual también será considerada “como actividad económica”.

De esa manera, agrega, “los empresarios podrán realizar las actividades que les generen utilidades y los trabajadores tendrán garantizados sus derechos laborales, como un salario justo por hacer actividades especializadas. Se evitará que sigan siendo sobreexplotados, que es lo que está sucediendo con esta forma de empleo”.

Mediante el registro de empresas de outsourcing, que administrará la STPS, habrá una mejor vigilancia de los derechos laborales, afirmó la legisladora. “Será un padrón público de personas físicas y morales que proporcionen servicios de subcontratación especializada”.

Para obtener el registro deberán estar al corriente en sus obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. “La STPS podrá negar o revocar el registro cuando incumplan las obligaciones. Y habrá sanciones severas para las que no cumplan”. Por ejemplo, con una reforma de 2019, algunos delitos de defraudación fiscal se castigan con cárcel.

“Esta reforma no quitará empleos. Al contrario, fomentará que haya más inversión, con más certidumbre en el mercado laboral al tener reglas claras. Los derechos de los trabajadores estarán protegidos y habrá una mejor recaudación de impuestos”, sostuvo.

Fuente: Factor Capital Humano

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