Pandemia redujo la participación laboral de las mujeres al menor nivel en 15 año

En 2020 la proporción de mujeres en el mercado del trabajo cayó por debajo de lo reportado en la crisis financiera global de 2009 y presentó el retroceso anual más fuerte desde que se comenzó a recoger la ENOE en 2005.

Pandemia redujo la participación laboral de las mujeres al menor nivel en 15 años

Las mujeres han sido las más afectadas por el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo; la covid-19 borró todos los avances logrados en los últimos 15 años en México. La tasa de participación femenina en el mercado laboral se redujo en 2020 a 40.71%, por debajo del 42.63% reportado en la crisis financiera global de 2009.

Al menos desde 2005, cuando comenzó a difundirse la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la participación laboral de las mujeres no había tenido una caída tan drástica. Entre 2019 y 2020 este indicador se redujo cuatro puntos porcentuales, superando cualquier otra baja observada.

Previo a la pandemia, México registró sus mejores números en participación laboral de mujeres, en noviembre del 2019 se reportó el mejor mes para la intervención de la fuerza laboral femenina en la economía, con una tasa 45.50 por ciento. Ese mismo año, el promedio de los cuatro trimestres fue de 44.72%, el más alto en la historia.

Sin embargo, llegó la crisis sanitaria y ésta puso un freno al avance que de por sí era lento. En abril de 2020 se presentó la mayor pérdida de empleo en el país y el desempleo castigó en buena medida a las mujeres debido a que se encuentran en actividades y sectores considerados como no esenciales. Ese mismo mes se posicionó como el más bajo en la participación económica de mujeres, con una tasa de 34.97 por ciento.

“Entre 2005 y 2019 vemos que la tasa de participación económica de mujeres creció en cuatro puntos porcentuales, que ha sido una variación relativamente lenta, pero la pandemia prácticamente borró esos avances. La pandemia ha sido un golpe muy duro para la mayoría de las mujeres”, afirmó Fátima Masse, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Al presentar los resultados del estudio #MujerEnLaEconomía: Los beneficios económicos de sumar a más trabajadoras, la especialista detalló que la pandemia y su impacto en la economía marcó un retroceso en los avances de inclusión laboral femenina por tres razones: los empleos de las mujeres se concentran en actividades no esenciales, como el sector servicios; el confinamiento desató una crisis de cuidados, actividades que recaen mayormente en ellas, y el incremento de los trabajos en el hogar.

“Es importante reconocer que la pandemia borró este escaso avance de los últimos 15 años, que representa toda una generación laboral perdida y esto, es un desafío enorme para a el país”, puntualizó.

En el IMCO estiman que si no se implementan políticas públicas focalizadas, a México le tomará 60 años retornar a los niveles prepandemia en cuanto a incorporación de mujeres en la economía. En tanto, si de manera intencional en la próxima década se buscara llegar al promedio de 56% de participación laboral femenina de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), esto implicaría sumar a 8.2 millones de mujeres al trabajo formal y equivaldría a un crecimiento económico acumulado de 15% y el ingreso adicional de 3.5 billones de pesos al Producto Interno Bruto (PIB).

“El mayor rezago de México está en las barreras para entrar y ascender en el mercado laboral. Las mujeres de la OCDE destinan una buena parte de su tiempo para ejecutar tareas no remuneradas; sin embargo, en México esta diferencia entre hombres y mujeres es mayor, las mujeres mexicanas destinamos 2.5 veces más horas al trabajo del hogar y de cuidado que los hombres. En contraste, esta proporción en los países de la OCDE es de 1.93”, acotó la directora de Sociedad Incluyente del IMCO.

La brecha con el mundo

El retroceso de México en la incorporación de mujeres en la economía no es un caso único. De acuerdo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la crisis sanitaria borró los avances de una década en toda la región. Pero la tasa de participación laboral femenina de nuestro país nos mantiene lejos de lo reportado en otras naciones del continente.

La tasa actual de participación de México (40.71%) abre más la brecha de nuestro país respecto a economías similares de la región como Argentina (51%), Colombia (57%), Brasil (64%) y Perú (71%).

“Nos parecemos más a economías que están menos desarrolladas, a países como, Venezuela con 45%, a Bangladesh (36%), Rumania (45%). Y la pregunta es ¿queremos seguir ahí? Porque México tiene un nivel de desarrollo mucho mayor y podríamos captar a muchas más mujeres en el mercado laboral”, expuso Fátima Masse.

A pesar de que México destaca en cuanto a la representación de mujeres en puestos de alto nivel en el sector público, donde se ha registrado el mayor avance en la incorporación de la fuerza laboral femenina, el mercado de trabajo se ha quedado rezagado con muy baja participación femenina a nivel gerencial en las empresas privadas.

Propuestas de política focalizada

El IMCO considera que México están en condiciones de incrementar la participación laboral de las mujeres si se implementan políticas públicas que ayuden a mejorar tanto el acceso como la permanencia de las trabajadoras en el mercado.

Para alcanzar la incorporación de 820,000 trabajadoras por año en la economía e igualar el promedio de la OCDE de 56% de participación laboral femenina en una década, la organización tiene cuatro propuestas:

1. CREACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL DE CUIDADOS

México debe invertir en un sistema universal de cuidados y desarrollo infantil, que no distinga entre trabajadoras formales e informales y les permita a las mujeres tener más flexibilidad para incorporarse al mercado laboral.

El Instituto Mexicano para la Competitividad estima que este sistema requiere de una inversión anual de 99,000 millones de pesos, equivalente al 77% de los recursos que destinará este año el gobierno para el avance en la igualdad entre mujeres y hombres.

2. FORMALIZACIÓN DE LAS LICENCIAS DE PATERNIDAD

De entrada, es necesario que en nuestro país se transite del concepto de “permiso” al de “licencia de paternidad”, para que sean obligatorias, intransferibles y que corran a cuenta del sistema de seguridad social.

Las licencias de paternidad abonarían a la permanencia de las trabajadoras en el mercado laboral, según la experiencia internacional, porque promueven que los hombres se involucren más con su familia y mejora el contexto para que las mujeres continúen laborando.

Esta medida implica una inversión de 1,300 millones de pesos al año para financiar una semana de licencia y es igual al 1% del presupuesto del gobierno para la igualdad entre mujeres y hombres.

3. IMPULSO A LA NORMA 025

La Norma 025 de Igualdad Laboral y No Discriminación debe convertirse en una herramienta para incentivar condiciones de trabajo más inclusivas. Sólo 433 empresas están certificadas con esta norma y es importante que más organizaciones busquen este reconocimiento, en especial si ya implementan políticas en esta materia.

Además, desde el IMCO proponen que los esfuerzos de la Norma 025 estén liderados por una sola autoridad federal para ofrecer mejores oportunidades de redes y alianzas para que más organizaciones se sumen a la certificación. Actualmente está a cargo de el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

4. ESTÍMULOS FISCALES PARA LAS PYMES

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) concentran casi la mitad de las trabajadoras formales y es por ello que las políticas fiscales y de inclusión focalizadas en ese sector pueden mejorar la permanencia de las mujeres en la economía.

La experiencia internacional indica que las pymes pueden obtener créditos fiscales de hasta 30% de los costos por contratar mujeres que regresan a trabajar después de un embarazo, el cuidado de hijos o un periodo de inactividad de hasta 15 años. En México, estos apoyos se podrían limitar a empresas certificadas por la Norma 025. El costo aproximado de esta política pública es de 2,000 millones de pesos al año, equivalente a 1.5% de los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres.

“Las mujeres pueden ser parte de la solución para agilizar la recuperación económica del país y en el trayecto, generar una serie de beneficios que son fundamentales”, concluyó Fátima Masse.

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