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La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos libró su último paso en el proceso legislativo; se aprobó que ningún burócrata gane más que el Presidente, pero con un nueva fórmula para el cálculo en el PEF.

“Nadie ganará más que el Presidente”, el debate en torno al compromiso de Andrés Manuel López Obrador tomó un poco más de dos años materializarlo. El Poder Legislativo puso fin a este capítulo esta semana al aprobar, después de dos intentos de reformas anteriores y varias impugnaciones constitucionales, la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos con la que se ratifica el tope salarial para los funcionarios públicos, se define una fórmula para su cálculo y se reconocen ingresos adicionales a los salarios.

“Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”, se establece en el artículo 5 de la legislación que tuvo luz verde en el Senado de la República en la sesión de este martes.

En ese sentido, los bonos, las recompensas, los estímulos, el pago por horas extras, los aguinaldos y las percepciones en especie, entre otros elementos, integrarán la remuneración de los servidores públicos.

La Cámara Alta aprobó con 90 votos a favor y 28 en contra la minuta que le envió los diputados en septiembre pasado. La nueva legislación fue remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

“Expedimos una nueva ley para establecer un sistema de remuneraciones guiado por los principios constitucionales con el establecimiento de parámetros, criterios y definiciones que permiten desarrollar los principios de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad para generar un sistema que delimite la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para la determinación de las percepciones en el servicio público, tal como lo ha ordenado la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo el legislador Alejandro Armenta (Morena), presidente de la comisión de Hacienda del Senado.

La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos fue promulgada en noviembre de 2018 y abrogó una legislación con el mismo nombre, pero dos artículos fueron declarados inconstitucionales por la Corte.

Uno de los objetivos de la Ley fue fijar un tope salarial para los funcionarios con base en el sueldo del Presidente; enfatizando que nadie podría ganar más que el titular del Poder Ejecutivo. El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2021 estableció un sueldo mensual neto de 112,122 pesos para el primer mandatario.

El Congreso volvió a discutir la Ley Federal de Remuneraciones por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) con la que invalidó los artículos 6 y 7 de la legislación promulgada en noviembre de 2019 y que le ordenó al Poder Legislativo corregir las normas declaradas inconstitucionales.

La decisión de la SCJN atendió las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y senadores de oposición. El máximo tribunal del país consideró que la legislación promulgada no contenía criterios objetivos para fijar el sueldo del presidente, permitiendo la discrecionalidad de la Cámara de Diputados al momento de aprobar el salario de los servidores públicos en el PEF.

“Sus hipótesis no contienen elementos, bases, o metodología alguna para conocer la cuantificación precisa del sueldo del Presidente de la República, sobre todo cuando su remuneración no sólo se integra por un salario bruto asignado en el presupuesto de egresos, sino que incluye todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otros, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud”, resolvió la Corte.

Fórmulas y topes salariales

El Congreso atendió el mandato de la SCJN y además de corregir los artículos invalidados, hizo ajustes en la legislación e incluyó por primera vez un mecanismo para definir anualmente el salario del titular del Ejecutivo tomando en cuenta elementos como el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y el salario mínimo.

“El salario presidencial se obtendrá de multiplicar el Producto Interno Bruto per cápita de referencia por los 10 grupos jerárquicos definidos por el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal y el resultado deberá ser divivido entre el monto del salario mínimo general vigente anualizado”, explicó la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda.

De acuerdo con el dictamen aprobado, con el establecimiento de parámetros, criterios y definiciones que permiten desarrollar los principios de adecuación, irrenunciabilidad y proporcionalidad del salario con la responsabilidad del cargo se genera un sistema que delimita la discrecionalidad de la Cámara de Diputados para la determinación de las percepciones en el servicio público, tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, el Congreso de la Unión aprobó que los secretarios de Estados reciban una remuneración hasta 5% por debajo del sueldo del presidente. El mismo parámetro se aplicará para los subsecretarios y oficiales mayores respecto a sus superiores.

A partir de los grupos jerárquicos inferiores, de jefes de unidad hacia abajo, las remuneraciones serán determinadas conforme a las disposiciones que emita la Secretaría de Hacienda en el Manual de percepciones de los servidores públicos que se publica anualmente.

La nueva legislación considera algunos casos de excepción en los que servidores públicos podrán ganar lo mismo o más que su superior jerárquico, nunca superando en conjunto el salario del Presidente de la República. Esto será posible cuando el contrato colectivo o las condiciones generales de trabajo así lo determinen, se desempeñen varios puestos, se realicen trabajos altamente especializados o cuando se desempeñe un trabajo técnico calificado.

El Senado aprobó el dictamen después de haber solicitado una prórroga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diciembre pasado para legislar sobre los puntos declarados inconstitucionales.

Fuente: Factor Capital Humano