Diputados van por multas para las empresas que obstaculicen a sindicatos minoritarios.

La Comisión de Trabajo en San Lázaro analiza una reforma a la Ley Federal del Trabajo para que las organizaciones independientes tengan una silla en la revisión de los contratos colectivos y reciban cuotas de sus integrantes.

En algo coincidieron quienes participaron en el foro sobre la iniciativa de la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena): es inédita. La propuesta buscar sancionar a las empresas que discriminen, den un trato diferente y obstaculicen la formación de sindicatos minoritarios o independientes. La mayoría de especialistas y representantes sindicales estuvo de acuerdo, pero también hubo posturas en contra.

La reforma laboral de 2019 abrió las puertas para que en un centro laboral, privado o público, puedan existir más sindicatos además del mayoritario. Pero no incluyó derechos para las nuevas organizaciones, dijo Susana Prieto, al inaugurar el foro convocado por la Comisión del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.

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“Esto ha provocado relaciones de trabajo injustas, discriminación, despidos, hostigamiento y acoso laboral a los trabajadores por pertenecer o formar organizaciones sindicales independientes”, sostuvo. Dos ejemplos de ellos son los sindicatos recién creados en la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, y en la maquiladora Tridonex, en Matamoros, Tamaulipas, apuntó. Ambos lograron arrebatarle la titularidad del contrato colectivo de trabajo (CCT) a la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, entre ellos, el 388, para establecer que ante un acto discriminatorio contra “los sindicatos minoritarios y sus agremiados los tribunales laborales impondrán al responsable multas de hasta 1,000 Unidades de Medida de Actualización (UMA) por cada trabajador afectado”. Esto equivale a más de 96,000 pesos por trabajador al valor de 2022. Además, una indemnización de 90 días de salario a cada empleado o empleada perjudicada.

Asimismo, el patrón tendrá que ofrecer una disculpa pública. Y durante un año, expondrá en un lugar visible de las instalaciones la sentencia donde se señale que incurrió en un acto discriminatorio o un trato desigual.

Hasta ahora, no hay sanciones para las empresas ante un despido injustificado, la negación de vacaciones o la obstaculización de la organización colectiva, indicó el abogado Víctor Manuel Ortega Morales, especialista en sindicatos minoritarios. Basta con reparar la violación”, como restituir a las personas en su puesto, o autorizar sus descansos. Pero el daño que se genera es más que económico, agregó, pues les impide ejercer otros derechos.

“Esta reforma es una herramienta fundamental para desmontar el corporativismo sindical”. El laboralista recordó la reciente elección de dirigencia en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), donde resultó ganador Ricardo Aldana, allegado al anterior líder Romero Deschamps.

“Los trabajadores se decidieron por el continuismo. No son niños, ni gente manipulada, el trabajador es un ser pensante, pero requiere de elementos como éste para desmontar el corporativismo. Sólo si se pone el piso parejo a los sindicatos y hay sanciones y garantías de no repetición, los patrones pensarán dos veces” antes de acosar a quienes tratan de romper el status quo, dijo.

Los dientes de la reforma

Los sindicatos mayoritarios suelen tener la titularidad de los CCT, por lo tanto, son quienes tienen derecho a la revisión y negociación contractual con las empresas. Son mayoritarios porque por décadas fueron los únicos que existieron, las personas trabajadoras de un mismo centro laboral no tenían opción de afiliarse a otro, pues la ley no lo permitía. Y muchas veces, cuando se organizaban, era reprimidas.

Los empleadores aprovecharon esto para fomentar sindicatos blancos, es decir, que no tenían verdadera representatividad del personal. O bien, se coludieron con las dirigencias del grupo hegemónico para impedir la organización disidente.

La reforma laboral puso nuevas reglas para democratizar la vida sindical. Entre ellas, que el CCT debe ser legitimado por todos los integrantes del sindicato mediante una votación. El voto para ese trámite y para la elección de las dirigencias debe ser personal, libre, secreto y directo. Los cambios también permiten que haya varios sindicatos en un mismo centro de trabajo.

Pero para fortalecer a las nuevas organizaciones, la iniciativa obliga a las empresas a otorgar licencias sindicales con goce de sueldo a quienes tengan una comisión de defensa o representatividad. Pide contar con cuotas sindicales de sus agremiados y agremiadas, proponer plazas de trabajo e intervenir en la negociación del CCT. Y prohíbe a los patrones “privarles de los medios esenciales para defender los derechos de sus miembros”.

Los beneficios del contrato colectivo son para todo el personal, sin importar si está afiliado o no, o si forma parte de un nuevo sindicato. Pero es común que los sindicatos mayoritarios le digan a la empresa: “ese trabajador está castigado”, por ser disidente, “no le des permiso. El que está violando le ley es el patrón, a petición del sindicato. Existe un contubernio y ambas partes están muy a gustito (sic). Tenemos que luchar contra eso”, dijo el presidente de la Comisión del Trabajo en San Lázaro, Manuel Baldenebro (Morena).

“No quiero descartar la reforma que está en discusión, pero a veces sobrerregulamos. En este país el gran problema no son las leyes, sino la impunidad. Hacen lo que se les da la gana y no les pasa nada”, agregó.

Por su parte, el laboralista Manuel Fuentes Muñiz, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se expresó a favor de la reforma. Propuso que la quinta parte de la comisión revisora del CCT esté integrada por representantes de los sindicatos minoritarios.

Consideró que las sanciones no deben ser solo económicas, sino que contemplen la destitución de gerentes o incluso el arresto “de quienes se burlen de la ley”, como se hace en otros países.

Sin embargo, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, dijo que “la reforma parte de una premisa inexistente: se presupone que hay una asimetría entre sindicato mayoritario e independiente”, pero no hay tal, sostuvo. Aprobar estas modificaciones, sólo dividirían a la fuerza laboral, dijo.

Fuente: EL ECONOMISTA

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