Admite el gobierno de México queja laboral sobre Teksid de Stellantis; realizará investigación para remediarlo.

En un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Economía se informó que ya fue enviada a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos una comunicación en la que indica la admisión de la queja, con el fin de que sea investigada.

En el plazo marcado por el T-MEC, el gobierno de México dio respuesta a la cuarta queja que presentó el gobierno de Estados Unidos que señala a la empresa Teksid de México S.A. de C.V de impedir a los trabajadores ejercer plenamente la libertad sindical.

En un comunicado de prensa emitido por la Secretaría de Economía se informó que ya fue enviada a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos una comunicación en la que indica la admisión de la queja, con el fin de que sea investigada.

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De esta manera, tendrán 45 días para presentar una remediación al problema que se vive en la empresa en donde dos sindicatos se disputan la titularidad del contrato colectivo de trabajo; en este caso es el Sindicato Minero que lidera Napoleón Gómez Urrutia y el una organización sindical afiliada a la Confederación de Trabajadores de México.

Imelda Jiménez, trabajadora de la empresa Teksid, comentó que para presentar la queja ante el gobierno de Estados Unidos se presentaron evidencias en donde se expusieron testimonios de trabajadores activos, “nosotros cumplimos con todos los requisitos que no fueron nada fáciles, pero que después de muchos Amparos ganados y del pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que podemos representar a los trabajadores, consideramos que ya es momento que la empresa respete la libertad de los trabajadores”.

En tanto, el líder sindical del Coahuila, Tereso Medina, comentó que para avanzar en el conflicto laboral que se vive en la empresa es fundamental que se realice un recurso de recuento; es decir que sean los propios trabajadores quienes, a través del voto, decidan el futuro de su representación sindical.

Fuente: EL ECONOMISTA

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