La tendencia está poniendo a prueba aún más un acuerdo comercial de Norteamérica, conocido como TMEC, en vigor desde julio de 2020.

El pacto tiene normas laborales más estrictas que su predecesor de 1994 y apuntala nuevas leyes mexicanas que empoderan a trabajadores para presionar por mejores salarios y condiciones, tras años de sueldos estancados y contratos sindicales favorables a las empresas.

Tres años después de la entrada en vigor del acuerdo, según expertos, algunos trabajadores han empezado a beneficiarse de él, pero aún falta mucho para que tenga un impacto generalizado.

«Esperemos que esto garantice que México no se convierta en un vertedero para empresas que buscan mano de obra barata y regulaciones laxas», dijo Thea Lee, subsecretaria adjunta de Estados Unidos para Asuntos Laborales Internacionales, que supervisa el cumplimiento del TMEC.

La funcionaria dijo en una entrevista con Reuters que México estaba trabajando para cumplir sus compromisos, respaldado por un liderazgo interesado en ayudar a los trabajadores.

Las nuevas regulaciones de México favorecen a las empresas que asumen estándares éticos más altos, dijo.

«Quizá hace 20 años estaba bien que una multinacional levantara las manos y dijera: ‘no tenemos ni idea de lo que hay en nuestra cadena de suministro, cuáles son las condiciones laborales’», añadió. «Eso ya no parece ser aceptable», subrayó.

México ha avanzado en la mejora de los tribunales laborales, resolviendo más rápidamente las quejas de los trabajadores y facilitando la organización sindical, pero necesita hacer más, dijo Lee.

«Nuestra esperanza es que México esté bien preparado para aprovechar el nearshoring (…) si continúan en el camino hacia la construcción real de instituciones laborales que funcionen, donde los trabajadores puedan tener confianza», destacó.

Desde el 2020, varias demandas laborales estadounidenses en México han allanado el camino para que los sindicatos independientes consigan aumentos salariales e incluso se expandan. Lee dijo que tales ejemplos inspiran a trabajadores que en el pasado podrían haber temido amenazas o despidos por tratar de organizarse.