El acceso a una vivienda digna y asequible —es decir, pagable— para los trabajadores ha sido uno de los grandes anhelos de los movimientos obreros y democráticos. La precarización laboral, el boom inmobiliario y la transformación de la vivienda en una mercancía (en lugar de un derecho humano) han hecho imposible que ese reclamo se haga realidad. En México, como en otros países, los trabajadores padecen la circunstancia de tener sueldos bajos frente a una oferta de vivienda cada vez más cara. Esto produce la paradoja de que haya casas vacías y gente sin techo, lo mismo que mucha gente viviendo hacinada en las periferias, lejos de sus lugares de estudio o trabajo. Aunque en México existe desde 1972 el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), los esfuerzos del Estado para garantizar a los obreros casas dignas y accesibles han sido insuficientes.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha enviado al Congreso una reforma en la que propone que el Infonavit se convierta directamente en constructor de vivienda, un giro importante en la naturaleza del Instituto, que hasta ahora ha fungido solo como administrador del fondo para vivienda al que los patrones están obligados a hacer aportaciones periódicas. Otra de las modificaciones propuestas es que el Infonavit ponga en renta viviendas para los trabajadores a precios controlados, ajenos a los costos del mercado inmobiliario. Esta reforma fue incluida en el paquete de iniciativas enviado por el Ejecutivo el 5 de febrero. Los partidos de oposición han anunciado que darán sus votos al oficialismo para aprobar esta reforma constitucional. Los especialistas advierten de que los beneficios de la iniciativa únicamente alcanzarían a los empleados asalariados e independientes, y dejarían fuera a millones de trabajadores del sector informal.

Nuevo enfoque de vivienda

La propuesta del Ejecutivo plantea que el Infonavit no solo dé a los trabajadores créditos baratos y suficientes, sino que construya vivienda para que estos puedan comprarla o alquilarla en un “esquema de renta social”. El trabajador con al menos un año de cotización en el seguro social será considerado para rentar la vivienda de la que el Infonavit es propietario. La mensualidad que pagará no podrá exceder el 30% de su salario. Si el trabajador cumple 10 años rentando la vivienda, tendrá el derecho de comprarla. A este esquema tendrán acceso preferente los trabajadores con más antigüedad en la cotización y que no tengan casa propia. El Infonavit otorgará créditos no solo para adquisición de vivienda, sino también para mejoramiento o para construcción desde los cimientos.

La iniciativa reconoce que la vivienda es un factor que reduce las desigualdades, además de proporcionar seguridad, fortalecer la cohesión social y detonar la actividad económica. Destaca que, en cinco décadas, el Infonavit ha otorgado casi 13 millones de créditos de vivienda, y que actualmente financia a nivel nacional casi el 47% de las viviendas adquiridas. “Aun con los logros alcanzados, la clase trabajadora reclama que exista mayor disponibilidad de vivienda asequible”, afirma el documento.