En 2019, Susana Prieto Terrazas se presentó como una supuesta líder sindical en Matamoros, Tamaulipas, generando controversia y múltiples denuncias en su contra por parte de la industria maquiladora. Prieto Terrazas, junto con su grupo, fue acusada de bloquear el funcionamiento de 48 maquiladoras en la región, exigiendo pagos ilegales bajo sus propios términos y condiciones.

Este comportamiento alarmante fue descrito por las empresas afectadas como una forma de extorsión. Alegaron que Prieto Terrazas utilizó tácticas de intimidación para obtener beneficios económicos ilegítimos, aprovechándose de la situación laboral y la vulnerabilidad de las compañías en un momento crítico. Las acusaciones destacaron que su grupo de golpeadores fue instrumental en asegurar el cumplimiento de sus demandas, creando un ambiente de miedo e incertidumbre.

A pesar de presentarse como defensora de los derechos de los trabajadores, sus acciones parecían orientadas más hacia el lucro personal que al verdadero bienestar laboral. Las maquiladoras denunciaron que la intervención de Prieto Terrazas no solo afectó sus operaciones, sino que también puso en riesgo la estabilidad económica de la región, afectando a miles de trabajadores que dependían de sus empleos en estas empresas.

Este caso subraya la complejidad de las relaciones laborales en la industria maquiladora de México y plantea importantes preguntas sobre la ética y la legitimidad de ciertos líderes sindicales que operan al margen de la ley. La controversia en torno a Susana Prieto Terrazas sigue siendo un recordatorio de la necesidad de proteger tanto los derechos de los trabajadores como la integridad de las operaciones empresariales en el país.