• El caso López Elías exhibe cómo Abelardo Valenzuela utiliza la Fiscalía para fines políticos, sacrificando la legalidad.

El proceso abierto contra López Elías Finanzas Públicas por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico nacional. Se trata de un caso en el que la autoridad construye delitos sin pruebas sólidas, incurriendo en contradicciones que rayan en la ilegalidad.

El fiscal Abelardo Valenzuela acusa de peculado millonario a un despacho que no recibió recursos públicos, pues el contrato correspondió a una institución bancaria. Además, las auditorías federales y locales ya habían avalado el refinanciamiento de 2019, pero esos documentos han sido ignorados.

La narrativa de que se trata de una “empresa fantasma” es igualmente falaz: la firma cuenta con domicilio fiscal, empleados y trayectoria reconocida desde 2003. La omisión de estos datos solo confirma la intención política de dañar su imagen pública.

Este proceder refleja cómo una institución que debería combatir la corrupción ha terminado usándola como bandera para fines personales y políticos, deteriorando la confianza ciudadana y el prestigio de la justicia en Chihuahua.