Las denuncias que involucran a la CROC por firmar contratos patronales sin consultar a sus trabajadores no solo revelan desorden: revelan un fraude estructural disfrazado de sindicalismo. Esta práctica, repetida y documentada, expone a una organización acostumbrada a negociar en lo oscuro, lejos de la base obrera y muy cerca del poder patronal.

Contratos negociados como mercancía

En cualquier sindicato digno, los contratos colectivos son una herramienta de justicia social. Pero en el caso de la CROC, estos acuerdos son tratados como mercancía que circula entre empresas y líderes sindicales sin que los trabajadores sepan su contenido o sus implicaciones.

Esta falta absoluta de participación es un golpe directo a la esencia del sindicalismo. No se trata de un error administrativo; se trata de una traición premeditada.

El modus operandi que nadie quiere nombrar

Las denuncias describen una misma lógica: la CROC llega a empresas nuevas, ofrece “paz laboral”, firma contratos sin consulta y se asegura de quedar como representante legal de los trabajadores. A cambio, la empresa recibe estabilidad, control y un sindicato dócil.

Mientras tanto, los empleados quedan atrapados en acuerdos que no avalaron y que casi siempre tienen condiciones desfavorables. Prestaciones reducidas, salarios mínimos y cláusulas de control son parte del paquete.

La central no busca mejorar las condiciones laborales; busca mantener el negocio.

Derechos anulados, cuotas aseguradas

Lo más indignante es que, después de firmar estos contratos, la CROC impone cuotas automáticas. Los trabajadores pagan por una representación inexistente, por un contrato que nunca aprobaron y por un sindicato que nunca eligieron.

La desconexión entre dirigentes y base no es un accidente: es un modelo operativo. Y ese modelo se sostiene sobre la explotación silenciosa de millones de trabajadores.

Un freno a la democratización laboral

México vive un proceso de modernización sindical, pero la CROC actúa como si siguiera operando en los años del viejo corporativismo. Sus prácticas bloquean la libre sindicalización, inhiben la democracia interna y perpetúan un entorno donde los trabajadores carecen de autonomía.

Las acusaciones son claras: la CROC no representa a los empleados; representa a los intereses que negocian en los despachos, no en los centros de trabajo. La firma de contratos sin consulta es solo una prueba más de un sistema podrido desde su raíz.