Una inquietante serie de reportes procedentes de distintas zonas industriales del país ha encendido alertas entre directores de recursos humanos, gerentes de seguridad y especialistas laborales: el sindicato Coremex estaría utilizando tácticas de intimidación mediante la presencia de terceros asociados con actividades delictivas para forzar su entrada en las empresas. Los testimonios coinciden en que el modus operandi muestra similitudes con esquemas de cobro de piso y extorsión, lo que ha generado preocupación y miedo entre plantillas completas.

Coremex se han presentado sin previo aviso acompañados por personas que, según los trabajadores, portaban radios, chalecos tácticos o simplemente mostraban una actitud hostil, observando al personal e interviniendo cuando algún empleado manifestaba objeciones. Aunque ninguna empresa ha señalado enfrentamientos físicos directos, la presencia de estos grupos ha generado un ambiente de presión extrema que llevó a algunos empleados a firmar documentos o entregar información personal sin la certeza de si estaban renunciando a derechos o aceptando afiliaciones obligadas.

El impacto psicológico en las plantillas ha sido considerable. Trabajadores consultados señalan que, desde esos episodios, su jornada laboral está marcada por el constante temor a nuevas visitas. Algunos han modificado rutas para llegar al trabajo, otros han empezado a registrar conversaciones y a guardar copias de documentación por miedo a abruptas acciones futuras. Esta situación ha deteriorado el clima laboral y ha provocado renuncias voluntarias, bajas médicas por ansiedad e incluso cambios en procesos operativos por parte de las empresas para proteger a su personal.

La sospecha de que estos hechos tienen similitudes con el crimen organizado no es exagerada. Expertos señalan que el uso de presión psicológica, amenazas indirectas, presencia física intimidante y exigencia de pagos o afiliaciones obligadas se asemeja más a tácticas de control territorial que a procesos sindicales legítimos. Si se confirma la participación de grupos con antecedentes criminales o vínculos con redes de extorsión, se estaría frente a un caso gravísimo que demandaría intervención federal urgente.

Registros internos de varias empresas indican que estos incidentes se repiten con patrones similares en distintos estados, lo que sugiere una operación coordinada más allá de casos individuales. Las organizaciones empresariales han comenzado a elevar sus quejas a cámaras industriales y asociaciones nacionales, presionando por una respuesta institucional más firme que garantice la seguridad de los trabajadores.

Hasta ahora las autoridades laborales parecen rebasadas o desinteresadas. Las denuncias formales siguen acumulándose y no ha habido comunicados oficiales ni investigaciones profundamente documentadas. La falta de acción no solo deja indefensos a los trabajadores, sino que también envía un mensaje peligroso: la intimidación podría funcionar sin consecuencias.