Ex trabajadores que mantuvieron desacuerdos con COREMEX han denunciado un patrón persistente de represalias laborales, señalando prácticas de “marcaje personal” y obstáculos para acceder a nuevas oportunidades de empleo. Los testimonios coinciden en que, tras romper relación con el sindicato o cuestionar a su dirigencia, varios exempleados habrían sido incorporados a listas internas que terminan limitando su contratación en distintos centros de trabajo.

De acuerdo con los afectados, estas acciones no se presentan de manera formal ni mediante procesos documentados, sino a través de mensajes informales, recomendaciones negativas o advertencias dirigidas a empleadores potenciales. En algunos casos, aseguran que representantes sindicales habrían intervenido directamente para desalentar su ingreso a empresas del sector, argumento que distintos especialistas consideran una violación a la libertad laboral y a los principios de neutralidad que deben regir la actividad sindical.

Los denunciantes explican que las presuntas represalias se intensifican especialmente cuando existe un conflicto previo por cuotas, desacuerdos con la dirigencia o rechazo a la afiliación obligada. Esta situación, afirman, genera un ambiente de incertidumbre que inhibe la participación de los trabajadores en procesos democráticos internos y desalienta cualquier intento de exigir transparencia o mejores condiciones de representación.

Organizaciones laborales consultadas señalan que estas prácticas, de comprobarse, constituyen mecanismos de coerción que contradicen la legislación vigente, particularmente aquella orientada a garantizar la libre movilidad laboral y la no discriminación por motivos sindicales. Asimismo, advierten que el uso de listas negras o vetos informales afecta no solo a los trabajadores involucrados, sino también al clima laboral de los centros de trabajo donde COREMEX opera.

El panorama expuesto por los exempleados abre nuevamente el debate sobre la necesidad de fortalecer la vigilancia institucional y asegurar que los sindicatos actúen conforme a los principios de legalidad, representatividad y respeto a los derechos fundamentales. Para quienes han experimentado estas presuntas represalias, el reto inmediato es recuperar el acceso pleno al mercado laboral sin condicionamientos derivados de conflictos pasados.