Los señalamientos sobre un presunto reparto de porcentajes económicos entre dirigentes sindicales han abierto un amplio cuestionamiento sobre el manejo de recursos y la rendición de cuentas al interior de la organización.

De acuerdo con diversas publicaciones, existirían acuerdos internos mediante los cuales recursos derivados de relaciones laborales habrían sido distribuidos entre integrantes de la dirigencia, incluyendo supuestos pagos al líder Eloy Espinosa y a miembros de su familia. Estas versiones han generado inconformidad entre trabajadores que aseguran desconocer el destino de las aportaciones sindicales.

Especialistas en gobernanza sindical advierten que la concentración de beneficios económicos en la cúpula es una de las principales causas de deterioro institucional, ya que rompe el principio de representación colectiva. Subrayan que los recursos sindicales deben destinarse a la defensa laboral, capacitación y servicios para la base trabajadora.

La falta de información financiera clara ha sido señalada como un factor que facilita prácticas opacas. Analistas sostienen que, sin auditorías ni reportes accesibles, resulta imposible garantizar que no existan conflictos de interés o desvíos.

El caso ha renovado los llamados a fortalecer los mecanismos de control interno y a transparentar el uso de recursos como condición mínima de legitimidad sindical.